Secreto bancario, crimen organizado y credibilidad país: por qué Chile debe poder seguir el dinero
Secreto bancario, crimen organizado y credibilidad país: por qué Chile debe poder seguir el dinero por Bernardo Javalquinto El debate sobre el secreto bancario en Chile suele plantearse como una confrontación entre privacidad y seguridad. A mi juicio, esa dicotomía es equivocada. Una democracia debe proteger rigurosamente la información financiera de sus ciudadanos frente a accesos arbitrarios, filtraciones o usos políticos. Pero esa protección no puede transformarse en una ventaja operacional para quienes utilizan el sistema financiero con el propósito de ocultar recursos provenientes del narcotráfico, la corrupción, el fraude o el crimen organizado. La pregunta relevante no es si debemos terminar con el secreto bancario. La pregunta es si las autoridades legalmente competentes pueden seguir el dinero con suficiente rapidez cuando existen antecedentes objetivos que justifican una investigación, manteniendo controles institucionales estrictos sobre quién accede a esa información, por qué motivo y para qué finalidad. En Chile, el secreto bancario no es absoluto. La Ley General de Bancos establece reglas de secreto y reserva, pero también contempla mecanismos legales de acceso. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Ministerio Público disponen de facultades para obtener antecedentes financieros bajo determinadas condiciones y autorizaciones. El problema, por tanto, no consiste en una imposibilidad jurídica absoluta de conocer movimientos bancarios. El desafío está en la oportunidad, velocidad e integración de la información. Y en materia de crimen organizado, el tiempo importa. El narcotráfico también tiene balance Cuando pensamos en narcotráfico tendemos a pensar en drogas, armas, homicidios, bandas y control territorial. Desde una perspectiva económica, sin embargo, una organización criminal también necesita capital, liquidez, proveedores, logística, inversiones y mecanismos para conservar sus utilidades. En otras palabras, el crimen organizado posee una economía. Una organización dedicada al narcotráfico necesita financiar la adquisición y transporte de drogas, remunerar integrantes, adquirir vehículos e inmuebles, mantener redes logísticas y finalmente transformar sus ganancias ilícitas en patrimonio aparentemente legítimo. Por eso una de las expresiones más importantes de la investigación criminal contemporánea continúa siendo follow the money: seguir el dinero. La iniciativa conjunta del Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), denominada Stolen Asset Recovery Initiative (StAR), ha desarrollado ampliamente este enfoque. Las investigaciones financieras permiten identificar activos, reconstruir operaciones y descubrir las relaciones existentes entre personas, sociedades, intermediarios y beneficiarios finales. Una transferencia bancaria puede revelar una conexión que ninguna declaración testimonial mostraría. Una propiedad puede identificar dónde terminaron los recursos. Una sociedad puede actuar como vehículo para esconder al verdadero propietario. Una serie de depósitos puede revelar fraccionamiento. Una transferencia internacional puede conectar una organización local con una estructura financiera situada a miles de kilómetros. El dinero deja huellas. El problema comienza cuando institucionalmente tardamos demasiado en seguirlas. El costo lo paga también el ciudadano honesto Podría pensarse que este asunto solamente interesa a bancos, fiscales, jueces y organismos especializados. No es así. Cuando una organización criminal conserva sus ganancias, conserva también su capacidad de operar. Puede detenerse a un integrante de una banda e incautarse una cantidad determinada de droga, pero si permanecen intactas sus cuentas, sociedades, vehículos, propiedades, testaferros y fuentes de financiamiento, la estructura económica puede continuar funcionando. Ese costo termina llegando al ciudadano. Se manifiesta en inseguridad, corrupción, mayor presión sobre policías y tribunales, deterioro territorial, utilización de recursos públicos y competencia desleal frente a quienes desarrollan actividades económicas legítimas. Las cifras de la propia UAF muestran la relevancia del fenómeno. Durante 2025 recibió 21.828 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). Después de su análisis, 1.132 ROS con indicios fueron incorporados en informes de inteligencia remitidos al Ministerio Público. Un ROS no constituye una condena ni demuestra por sí mismo la existencia de un delito, pero sí muestra el volumen y complejidad de información financiera que debe ser procesada. Entre 2007 y 2024, además, los tribunales chilenos dictaron 383 sentencias condenatorias por lavado de activos que involucraron a 750 personas. El narcotráfico continúa figurando entre los principales delitos precedentes. Estamos, por tanto, frente a un problema real y cuantificable. El lavado de activos también distorsiona la economía El lavado de dinero no consiste solamente en esconder billetes. Cuando recursos provenientes del crimen ingresan a la economía formal pueden adquirir empresas, propiedades y otros activos. También pueden financiar actividades comerciales cuyo objetivo económico no sea necesariamente obtener una rentabilidad normal, sino justificar ingresos ilícitos. Eso puede distorsionar la competencia. Una empresa legítima debe pagar salarios, impuestos, proveedores y financiamiento y, además, obtener un retorno sobre su inversión. Una estructura utilizada para lavar dinero puede competir utilizando capital cuyo verdadero origen y costo económico son completamente diferentes. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido que el lavado de activos y otros delitos financieros pueden afectar la integridad del sistema financiero, debilitar instituciones, reducir ingresos fiscales, distorsionar inversiones y generar riesgos reputacionales para los países. Por eso estamos frente a un problema económico además de policial. La credibilidad país tampoco es un asunto menor Existe una dimensión que Chile debe considerar con particular seriedad: la reputación financiera internacional también constituye capital. Durante décadas nuestro país ha construido una imagen asociada a instituciones relativamente sólidas, regulación financiera, apertura económica y cumplimiento de estándares internacionales. Esa credibilidad no pertenece a un gobierno determinado. Es un activo nacional. Los mercados internacionales no observan solamente el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), la inflación o las cuentas fiscales. También examinan la calidad regulatoria, el Estado de derecho, la transparencia institucional y la capacidad de una jurisdicción para evitar que su sistema financiero sea utilizado para ocultar recursos ilícitos. Aquí entra en juego el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), conocido globalmente como Financial Action Task Force (FATF). El GAFI establece los principales estándares internacionales contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Su Recomendación 9 señala expresamente que las normas sobre secreto financiero no deben impedir una aplicación efectiva del sistema de prevención y persecución del lavado. Esto no significa que el GAFI exija terminar con la privacidad bancaria. Significa que la confidencialidad no puede transformarse en una barrera frente a investigaciones legítimas. La diferencia es fundamental. Cuando la reputación financiera se deteriora, aparecen costos Una jurisdicción que presenta deficiencias estratégicas importantes en materia de prevención del lavado puede quedar sometida a monitoreo reforzado internacional, situación conocida habitualmente como inclusión en la “lista gris” del GAFI. Estar en esa lista no equivale a una sanción económica automática. Sin embargo, las instituciones financieras y los inversionistas internacionales pueden responder aumentando sus exigencias de cumplimiento y sus evaluaciones de riesgo. Existe evidencia económica sobre estas consecuencias. Un estudio de Mizuho Kida y Simon Paetzold publicado por el FMI en 2021, que analizó 89 economías emergentes y en desarrollo, encontró que la inclusión en la lista gris estaba asociada con una reducción estadísticamente significativa de los flujos internacionales de capital. La estimación promedio fue equivalente a aproximadamente 7,6 % del PIB en entradas de capital. Debe interpretarse correctamente: no significa que todos los países pierdan automáticamente esa cantidad. Es una estimación econométrica promedio. Pero el mensaje es inequívoco. La reputación institucional tiene efectos económicos. Puede influir en inversión extranjera, financiamiento, percepción de riesgo y relaciones bancarias internacionales. El problema de la banca corresponsal Existe además una dimensión poco discutida públicamente: las relaciones de corresponsalía bancaria (CBR). Los bancos necesitan relaciones con instituciones financieras extranjeras para realizar pagos internacionales, operaciones en distintas monedas, transferencias y financiamiento del comercio exterior. El FMI ha advertido que las preocupaciones asociadas al lavado de activos, corrupción, fraude y debilidades regulatorias pueden influir en las decisiones de bancos internacionales respecto de mantener o restringir relaciones de corresponsalía con determinadas instituciones o jurisdicciones. Cuando esas relaciones disminuyen, los costos pueden trasladarse hacia empresas y ciudadanos mediante operaciones internacionales más costosas, mayor burocracia y menor acceso a determinados servicios financieros. Por eso la credibilidad país no es una cuestión cosmética. Tiene precio. Chile no está fuera de los estándares internacionales También debemos evitar exageraciones. En la Evaluación Mutua de Chile realizada en 2021 por el GAFI y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), nuestro país obtuvo la calificación de “cumplido” respecto de la Recomendación 9 sobre secreto de las instituciones financieras. Por tanto, sería incorrecto afirmar que el régimen chileno de secreto bancario constituye por sí mismo una violación de los estándares internacionales. El debate es más complejo. Chile debe continuar fortaleciendo la efectividad del sistema: la capacidad de transformar información en inteligencia financiera, investigaciones patrimoniales, identificación de beneficiarios finales, congelamiento de activos y decomiso de ganancias ilícitas. Esa es la verdadera medida del éxito. No basta con tener buenas leyes escritas si la arquitectura institucional no permite seguir oportunamente una operación que pasa de una cuenta a otra, después a una sociedad, luego a un tercero y finalmente sale del país. Privacidad frente al público; trazabilidad frente al delito La solución tampoco consiste en permitir acceso indiscriminado del Estado a las cuentas bancarias. Una cuenta corriente contiene información profundamente privada. Puede revelar inversiones, problemas familiares, enfermedades, hábitos de consumo, asociaciones políticas o sociales y prácticamente toda la vida económica de una persona. Por eso cualquier ampliación de facultades debe acompañarse de controles igualmente fuertes. El acceso a información bancaria debería quedar limitado a organismos expresamente autorizados y a funcionarios individualmente habilitados. Toda consulta debería quedar registrada electrónicamente, incluyendo quién ingresó, qué información examinó, cuándo lo hizo y cuál era la investigación que justificaba el acceso. Deberían existir auditorías independientes y sanciones severas frente a filtraciones, utilización política o consulta injustificada. El diseño institucional correcto puede expresarse de manera sencilla: más capacidad para investigar y más responsabilidad para quien investiga. No una cosa sin la otra. El estándar internacional apunta precisamente hacia ese equilibrio La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) establece que los Estados deben disponer de mecanismos apropiados para superar los obstáculos derivados del secreto bancario en investigaciones relacionadas con corrupción. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC) contiene principios semejantes respecto de la cooperación internacional. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) también ha avanzado considerablemente en mecanismos de transparencia e intercambio internacional de información financiera para fines tributarios. Esto demuestra que el mundo no está avanzando hacia la desaparición de la privacidad financiera. Está avanzando hacia otra concepción: confidencialidad para el ciudadano, pero disponibilidad legal de la información cuando existen razones institucionalmente justificadas para investigarla. La discusión chilena debe abandonar los extremos Chile discute actualmente modificaciones relacionadas con inteligencia económica y acceso a información financiera dentro del proyecto destinado a fortalecer la prevención y persecución del crimen organizado. La discusión es necesaria. Pero sería un error reducirla a dos posiciones irreconciliables: quienes supuestamente quieren proteger la privacidad frente a quienes quieren combatir el narcotráfico. Podemos y debemos hacer ambas cosas. La verdadera discusión debería concentrarse en cuestiones técnicas: qué organismo puede acceder, bajo qué circunstancias, qué antecedentes mínimos deben existir, quién controla la utilización de los datos, cuánto tiempo puede conservarse la información y qué consecuencias enfrenta quien abuse de sus facultades. Las democracias institucionalmente maduras no eliminan los controles para combatir el delito. Construyen controles compatibles con la velocidad que requiere la investigación. Seguir el dinero significa atacar el capital del crimen Desde una perspectiva económica, la lógica es bastante sencilla. El crimen organizado necesita capital para sobrevivir. Necesita recursos para pagar personas, financiar operaciones, adquirir activos, corromper, expandirse y reemplazar pérdidas. Si únicamente encarcelamos personas y confiscamos droga, pero permitimos que la estructura patrimonial permanezca intacta, estaremos afectando una parte de la organización y dejando funcionando su motor financiero. La persecución patrimonial busca precisamente lo contrario: identificar, congelar y decomisar el producto económico del delito mediante procedimientos judiciales compatibles con el Estado de derecho. En 2023 el GAFI reforzó sus estándares internacionales de recuperación de activos precisamente porque los criminales pueden mover recursos entre jurisdicciones con una velocidad que muchas instituciones públicas todavía no consiguen igualar. Ese desfase constituye uno de los grandes desafíos contemporáneos. La credibilidad es patrimonio nacional Chile tiene una economía pequeña y abierta. Dependemos de mercados internacionales, comercio exterior, inversión y financiamiento. En ese contexto, nuestra reputación institucional tiene un valor económico particularmente importante. El fortalecimiento de los mecanismos destinados a combatir lavado de dinero, corrupción y crimen organizado no debería entenderse únicamente como una reforma penal. También es una política de protección de la economía nacional. Cada institución financiera extranjera que confía en nuestros bancos, cada inversionista que considera predecible nuestro marco jurídico y cada empresa internacional que encuentra en Chile una jurisdicción confiable contribuye directa o indirectamente al acceso del país al capital y los mercados globales. Esa confianza no es ilimitada. Y tampoco es gratuita. Conclusión El secreto bancario debe continuar protegiendo al ciudadano frente al acceso arbitrario a su información privada. Esa garantía es parte de una democracia. Pero no debemos confundir privacidad con opacidad. Cuando existen antecedentes suficientes de narcotráfico, lavado de activos, corrupción u otros delitos graves, las autoridades legalmente competentes deben contar con instrumentos eficaces para reconstruir la ruta del dinero. Con controles. Con trazabilidad. Con responsabilidad funcionaria. Y con sanciones frente al abuso. Chile debe aspirar a un sistema en que resulte difícil investigar injustificadamente a un ciudadano honesto, pero igualmente difícil esconder millones provenientes del crimen organizado detrás de cuentas, sociedades y testaferros. Nuestra seguridad está en juego, pero también nuestra economía. La credibilidad país no es un concepto abstracto. Incide en confianza, financiamiento, inversión y relaciones con el sistema financiero internacional. Por eso el debate sobre secreto bancario no puede quedar reducido a una disputa política circunstancial. Desde una perspectiva económica e institucional, el principio debería ser claro: el secreto bancario debe proteger a las personas frente al abuso del poder, pero nunca convertirse en un instrumento que proteja al dinero ilícito frente al Estado de derecho. Si Chile quiere combatir seriamente el crimen organizado, no basta con encontrar a quienes cometen los delitos. Debemos ser capaces de seguir el dinero. Referencias principales Financial Action Task Force (FATF/GAFI). The FATF Recommendations: International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation. Financial Action Task Force (FATF/GAFI) y Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Mutual Evaluation Report of Chile. 2021. Kida, M. y Paetzold, S. (2021). The Impact of Gray-Listing on Capital Flows: An Analysis Using Machine Learning. IMF Working Paper 2021/153. Fondo Monetario Internacional (FMI). Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism: Financial Integrity. Fondo Monetario Internacional (FMI). The Withdrawal of Correspondent Banking Relationships: A Case for Policy Action. 2016. Banco Mundial y Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Stolen Asset Recovery Initiative (StAR). Naciones Unidas. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC). Naciones Unidas. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC). Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes. Unidad de Análisis Financiero (UAF), Chile. Informes estadísticos, tipologías y estudios sobre lavado de activos. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN). Ley General de Bancos y Ley N.º 19.913.

